Alondra Olivera

El presidente del consejo directivo de Gugar Soda, Carlos Guzmán Gardeazabal sostuvo que se ha conducido con apego a la legalidad en el caso de las acciones emprendidas por un grupo de habitantes de San Bartolo Coyotepec, para expulsar a la empresa de la comunidad.

Hasta el momento, dijo el empresario, ninguna autoridad federal, estatal, municipal o de bienes comunales los ha llamado a dialogar.

No obstante, con la toma de las instalaciones de la empresa, desde el lunes pasado, se están afectando a poco más de 175 fuentes de empleo, que hoy están en riesgo de perderse.

Además, dijo, se envía una mala señal para las inversiones en Oaxaca, al no existir garantías, ni certeza para las empresas.

Recordó que Gugar Soda es una corporativo con más 70 años en Oaxaca, en el que han generado empleos para cientos de personas y han creado más empresas, cumpliendo con sus obligaciones de ley.

Por ello, garantizó los sueldos y prestaciones del ley a los trabajadores de la empresa que se ubica en San Bartolo Coyotepec, en tanto se resuelve el conflicto.

Asimismo, sostuvo que los terrenos donde se instalaron fueron adquiridos hace más de 20 años a la familia Haytón y después les hicieron saber que eran comunales, por lo que en su momento acudieron a la autoridad para ser considerados como comuneros, pero la población lo rechazó.

“Nosotros somos adquirentes de buena fe con escrituras en el registro público de la propiedad”.

En 2006 fueron demandados por el Comisariado de bienes comunales pidiendo la devolución de los terrenos y en el 2018 el Tribunal Agrario emitió la sentencia en la que ordena la devolución de los terrenos siempre y cuando la comunidad cubra los gastos útiles que haya hecho la empresa, y de no ser así no se pueden devolver.

“No estamos pidiendo nosotros cantidad por nuestras pistolas, se hizo un avalúo, ni el de nosotros les gustó a ellos (comuneros), ni el de ellos nos gustó a nosotros, y se pidió un tercer avalúo con un nuevo peritaje”, dijo el presidente de Gugar Soda.

Guzmán Gardiazabal dijo que están a la espera del tercer avalúo que haga la Fiscalía General de la República como último veredicto para acatar y resolver.

Sin embargo, lamentó la actuación de un ex diputado local como Flavio Sosa y su hermano el actual diputado, Horacio Sosa.

“Todos ya los conocen, ese tipo de situaciones hacen que nos preguntemos si Oaxaca es tierra de inversiones”, expuso.