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*Audiencia intermedia podría estar contaminada por el actual proceso electoral en Oaxaca, advierten
Elizabeth Uruchurtu Cruz y Sara Uruchurtu Cruz mostraron su preocupación por el caso de su hermana Claudia Uruchurtu Cruz (desaparecida en marzo de 2021), dado que hoy inicia la audiencia intermedia, por lo cual exigen se privilegie la genuina aplicación de la justicia, más que la interpretación política en el marco del proceso electoral que se vive en Oaxaca.
A través de una carta solicitan al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emita nuevamente una acción urgente hacia el Estado mexicano y realice las observaciones necesarias para la debida aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos.
Incluso basan su preocupación por el proceso penal que se sigue ante la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz ocurrida el 26 de marzo del año 2021, en Nochixtlán, Oaxaca, un municipio gobernado por el partido Morena, mismo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
Afirman que la preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH, y otras cuatro personas más, algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal.
Recuerdan que en el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados.
“Es conveniente hacer saber que el día de hoy inicia la audiencia intermedia, una etapa procesal importante para el ofrecimiento, admisión y depuración de elementos de prueba que serán materia del juicio, por lo que es vital su pronunciamiento”, anotan.
Recuerdan que existe la petición de acción urgente que se presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2021, en nombre Claudia Uruchurtu Cruz y misma que fuera registrada con el número de referencia AU 1013/2021.
Subrayan que la Justicia en México debe garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos mediante instituciones independientes y a través de criterios que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía.
Sin embargo critican que lamentablemente en la práctica existe injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad, estos “Usos y Costumbres institucionales” se sujetan a la voluntad y a las condiciones políticas del momento donde es la impunidad la única victoriosa.
Las desapariciones, feminicidios, violaciones y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son algunos de los problemas más serios que afectan a nuestro país, y que se han visto incrementados por el escenario de impunidad mencionado, afirman.
Reconocen que en el proceso de transformación iniciado por el Gobierno Federal, la justicia es un rubro que enfrenta enormes retos y en el cual hay enormes territorios sin control, en donde son los cacicazgos locales o los poderes facticos quienes dominan, disponen, deciden, resuelven y sentencian.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública refiere que 68.4 por ciento de la población mexicana adulta considera que los jueces -sin diferenciar a los federales de los locales- son corruptos.
El propio Ministro Presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldivar hace más de un año y medio fue enfático al expresar que; “quien diga que en tribunales no hay corrupción, miente descaradamente”, citaron.
