Por Eje Central | Investigación
Desaparecer en Oaxaca, hasta el punto de no haber nacido o tener padres ficticios, es un riesgo real, latente y parece sistemático. Y es que todo el sistema de gobierno, desde las instancias federales, estatales y municipales se articulan en una red que es capaz de, literalmente, eliminar y sustituir los registros públicos de las personas, y con ello perder además de la identidad, el parentesco y el arraigo familiar con el fin de despojarlas de su patrimonio.
Ejecentral entrevistó a víctimas y revisó documentos de denuncias y amparos de casos que siguen el mismo patrón, desde el interior de instituciones de gobiernos estatales y municipales desaparecen la identidad de personas para luego despojarlas de sus bienes, sean terrenos o casas, con ayuda de abogados y notarios.
Eso le ocurrió a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez-Conzatti y Martínez, quienes han emprendido una batalla legal en contra de lo que han documentado ante las autoridades judiciales como “un acto de delincuencia organizada”, una red orquestada desde instancias como el Instituto de la Función Registral (IFREO) y el Instituto Catastral estatal y municipal de Oaxaca, dependientes de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, con la finalidad, no sólo de desaparecerlos y suplantar su identidad de manera formal, sino de despojarlos de sus propiedades.
Cada movimiento que involucró la intervención de servidores públicos clave en las instancias del catastro estatal, catastro municipal, del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, para consumar este despojo, además de las inconsistencias y errores que han cometido funcionarios y ex funcionarios de estas y otras dependencias ha sido documentado por esta familia.
Las pruebas que ha ido recabando y documentado Caleb en los últimos años ante las autoridades y que forman parte en amparos y carpetas de investigación, a las que este periódico tuvo acceso, advierten que los archivos tanto de su existencia como de la posesión de sus inmuebles fueron eliminados “de manera coordinada” de al menos tres archivos físicos, tres bases de datos, el sistema y la Base Nacional del Registro Civil de Oaxaca.
Y en ello intervinieron una decena de funcionarios de la primera línea de esas instituciones, además de notarios y abogados.
Pero no es la primera vez que a alguien sufre algo similar en Oaxaca. Otro caso, de los
más emblemáticos, ocurrió en 2018 (el mismo año en que desaparecieron y crearon actas de nacimiento y claves únicas de registro falsas de los hermanos Gómez-Conzatti), fue la desaparición de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, a quienes el Registro Civil oaxaqueño, la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) dieron por muertos, para despojarlos de sus tierras.
Así, bajo una suerte de ‘mafia’ entre notarios públicos y dependencias de gobierno, otros más denuncian despojos en la entidad con el mismo método, como el caso de Alfonso Corro Sánchez, que fue despojado de su terreno de unos 600 metros, ubicado en Santiago Huajolotitlán en Huajuapan Oaxaca, Alfonso Corro Sánchez, o el caso de la Arquidiócesis que también perdió una casa en el centro de Oaxaca con el mismo método.
Pero incluso hace algunos años, lo mismo le pasó al IMSS.
“Así como a nosotros, a los comuneros les aplicaron el mismo método de desaparición, que en Oaxaca es la forma del crimen organizado para hacerse de inmuebles de la propiedad privada (…) Sé perfectamente que mi vida está de por medio en la defensa de mi patrimonio, pero más que eso del nombre y del honor de mi familia, porque todos tenemos familias y si yo no existo entonces ¿quién es el papá de mis hijos?”, sostuvo Caleb Gómez-Conzatti en entrevista con ejecentral.
Por medio de un esquema que involucró la complicidad de funcionarios del Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, del catastro, y la operación de abogados y notarios en la localidad de Santiago Huajolotitlán en Huajuapan Oaxaca, Alfonso Corro Sánchez fue despojado, sin saberlo, de su terreno en 2020, con escrituras que fueron entregadas a su nuevo propietario —un presunto licenciado de nombre Daniel Lenin Chávez López— por un poder notarial que ‘concedió’ supuestamente él y su esposa, fallecida en agosto de 2011.
“¿Cómo van a firmar y contar con un poder (notarial) de una persona fallecida? ¡Eso es lo grave! Son tan estúpidos que dicen que ese poder lo firmamos mi esposa y yo dos días antes de que ella falleciera, hasta para eso son idiotas.
Mi esposa, diagnosticada con cáncer, estuvo tendida en cama, vomitando sangre días antes de morir y tengo los documentos que lo prueban, pero según ellos, les firmamos ese poder en 2011, que hicieron efectivo entre octubre-noviembre de 2020 cuando se presentan en Huajuapan piden que les hagan las escrituras y se las hacen”, denunció a este diario el ingeniero de profesión.
Fue a causa de un accidente en la que se fracturó el cráneo su nieta, en abril del año pasado, cuando Alfonso se enteró que el terreno que desde mayo de 1999 había adquirido su esposa ya no era de su propiedad; a pesar de que hasta 2021 él siguió pagando puntualmente el impuesto del predial y al intentar venderlo para costear la cirugía de su nieta, le avisan que ya no le pertenece.
Debido a que su esposa falleció intestada, ahora Alfonso ha emprendido un proceso legal para que a través de un juicio intestamentario –que puede prolongarse por varios años– él y sus hijos sean reconocidos como los herederos del terreno cuyas escrituras en favor de Lenin Chávez fueron emitidas por el notario de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, quien asegura que el cuñado de Corro Sánchez le presentó un poder “firmado” por la señora María de Montserrat Chávez y el mismo Alfonso, el cual fue acreditado en la ciudad de Oaxaca el 25 de agosto de 2011 en el despacho del notario Omar Abacuc Sánchez Heras, dos días antes de que la señora muriera.
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