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No, no es ninguna casualidad que, cuando el próximo 25 de Mayo se cumplen 12 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hayan asesinado en San Agustín Loxicha al profesor Telésforo Santiago Enríquez. Se confirma, por enésima vez, que, desde el 28 de Agosto de 1996: todos los habitantes de la Región Loxicha son considerados miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta que no se demuestre lo contrario después de ser ejecutados.
De este modo también se explica que, como en su momento lo hizo Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat haya comprado la Presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y se mantenga el ataque permanente contra defensoras y defensores de Derechos Humanos, lideres sociales, indígenas y campesinos, esto es, se protegen porque van a seguir violando derechos humanos y compran impunidad.
Esto sucede porque la violación de los Derechos Humanos en Oaxaca en particular y en nuestro país en general es un hecho sistemático, es decir, que desde las más altas esferas del poder existe una sistematización, una planificación, una confabulación o participación con el crimen organizado para atacar sistemáticamente y de manera continuada a las personas, colectivos y organizaciones que representen obstáculos a sus intereses políticos y económicos.
Por esto no resulta extraño la participación directa y evidente de las autoridades en crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales. Saben que cuentan con un negro manto de impunidad que se extiende a lo largo del tiempo, siendo siempre premiados con nuevos cargos en la estructura política criminal de los gobiernos municipales, estatales o federal, o les regalan una notaría.
La cómplice participación de los poderes legislativo y judicial no es nada nuevo, incluso cuando el ciudadano común y corriente, creía superados estos lastres con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y con el cambio de siglas en las bancadas mayoritarias de los poderes legislativos a nivel estatal y federal. Cambian todo para que no cambie nada.
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y de los viejos cacicazgos locales, regionales y nacionales para el control de la población, provocan la normalización de la violencia institucional, el recelo y el desprecio hacia las clases populares convirtiendo en algo normal las permanentes ejecuciones y masacres, los feminicidios, violaciones, odio contra migrantes, el magisterio, periodistas, indígenas y pobres en general.
Pero no es normal, como tampoco es normal la falta de un verdadero estado de derecho, la investigación y el castigo a los responsables de los miles de crímenes cometidos en nuestro país.
La industria del crimen organizado se beneficia y promueve este estado de cosas porque los nuevos mecanismos de colonización y explotación de recursos naturales dependen de esa política represiva de la dignidad y la vida humana; no les interesamos como seres humanos pues nos asesinan, desaparecen, trafican con nuestros órganos, nos persiguen, encarcelan y arrojan al exilio para apropiarse de lo que por derecho natural nos corresponde.
Frente a este poder avasallador no estamos solos, nos tenemos a todos nosotros, solamente hace falta que hagamos conciencia de nuestra realidad y trabajemos por la unidad en la defensa de los Derechos Humanos, nuestros derechos.
¡Alto a la represión y castigo a los culpables!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
¡Alto a la impunidad!
Desde este rincón del exilio:
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
