No importa la proclamación de derechos si no existen instituciones que puedan garantizarlos. Nunca como hoy, las comunidades LGBTI+ en México cuentan con un marco normativo que protege sus derechos a la vida, a vivir sin violencia, a la identidad, al matrimonio y a muchos otros; y al mismo tiempo, los récords de violencia que casi cada mes rompemos afectan especialmente a esta población.
Por si fuera poco, en un país donde la tortura y el asesinato han puesto a prueba nuestra idea de inhumanidad, las personas víctimas de la violencia que se identifican como homosexuales, bisexuales o transexuales sufren la peor versión de saña, humillación y odio. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), aproximadamente 9 personas son asesinadas cada semana por identificarse como parte de las comunidades LGBTI+.
En el 2006, en la Ciudad de México un asesino en serie fue conocido por identificar a hombres gay, seducirlos en bares gay, secuestrarlos, y exigir a sus familias un rescate. Al menos cuatro hombres gay fueron asesinados de esta manera. Los horribles detalles de las confesiones a sangre fría del asesino en serie incluyen diferentes formas en las que atormentaba a sus víctimas mientras estaban secuestradas, tales como grabar marcas en su frente con instrumentos filosos. El asesino declaró que ‘le hizo un favor a la sociedad, porque los hombres homosexuales corrompen a los niños’. –CIDH, LBTI, Violencia
De acuerdo al mismo documento, los perpetradores racionalizan sus acciones como “castigos” o “correcciones” necesarias para la sociedad. Como si con sus actos “ayudaran” a la moral, sin importar la calidad extrema de sus violencias.
Estos actos están lejos de ser producto de mentes individuales. Por el contrario, las estadísticas de violencia contra población LGBTI+ son muy difíciles de trabajar porque las mismas agencias gubernamentales ignoran los marcos normativos o activamente eligen invisibilizar estos crímenes. Por ejemplo, es común que en los Ministerios Públicos se etiquete un transfeminicidio como el asesinato de un “hombre gay”.
En un diagnóstico publicado en noviembre de 2018 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Fundación Arcoíris, A.C., se concluyó que la impunidad y la falta generalizada de un Estado de Derecho afecta de manera exponencial a las comunidades LGBTI+. Todas y todos padecemos esta falta de justicia, pero ser bisexual o lesbiana, hace que una persona sea aún más vulnerable.
Los servidores públicos no están capacitados para actuar a este respecto, ni las instituciones cuentan con políticas integrales encaminadas a proteger los derechos de estos y otros grupos. Como resultado, es muy probable que una víctima sobreviviente de violencia encuentre más violencia en las instituciones supuestamente encargadas de procurar justicia. La falta de empatía, ignorancia y la racionalización de la violencia son las constantes que hacen imposible que la sola proclamación de derechos evite que hombres y mujeres trans, por ejemplo, sean víctimas de las mismas instituciones.
En el contexto de una disputa entre dos jóvenes de 17 y 22 años en la Ciudad de México, ambos fueron expulsados de un nightclub, un patrullero de la policía y otros carros llegaron y los agentes de la policía los empujaron violentamente hacia un vehículo blanco que estaba siguiendo al patrullero de la policía. Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados al día siguiente con varios signos de golpes en distintas partes del cuerpo (algunos de los cuales eran tan brutales que dejaron huesos al descubierto), sus manos y pies fuertemente atados con un cable, sus orejas amputadas, y tres heridas de bala en la cabeza de cada uno. –CIDH, LBTI, Violencia.
El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Por eso, cada 17 de mayo conmemoramos el Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Estamos muy lejos todavía de alcanzar las metas de equidad, tolerancia y convivencia igualitaria en México y en el mundo. Ni siquiera contamos con estadísticas confiables que nos den certeza sobre la dimensión del problema.
Pero lo más grave de todo, es que todas las instituciones articuladas en la cadena de la procuración de justicia fallan al momento de garantizar derechos supuestamente ya proclamados en México. Y la principal razón, es que no están preparadas para ello. Por eso es importante que desde el presidente hasta el último de los policías estén sensibilizados y capacitados para que los derechos ganados sean efectivamente ejercidos. No basta con decir que hay derechos, necesitamos políticas públicas activas para combatir este problema que ya se ha llevado a demasiada gente.
