Integrantes de la Comisión para la defensa del territorio de San Dionisio Quiatoni, acusaron al gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia del Estado de incurrir en omisión para coadyuvar en la solución de la ocupación ilegal de un terreno de esta comunidad, donde presuntamente se realizan actividades ilícitas y derivó en la retención de personas.
Luego de que, desde hace cuatro días, 15 hombres se encuentran encontraban habitando el terreno ubicado en el paraje denominado Cerro Cumbre Quiatoni, entre los límites de Ocotepec y Santiago Matatlán, señalaron que se debe a la defensa de la propiedad comunal de su localidad.
Según expresó el 25 de noviembre de 2018 la asamblea comunitaria, determinó requerir al empresario Erick Monterrosa, la desocupación y entrega de esa fracción de terreno, así como armaron la logística para derrumbar las construcciones existentes.
El 19 de enero del año en curso, en una nueva asamblea se ratificaron los acuerdos y el 7 de abril se acudió a realizar la notificación de desalojo por acuerdo de la comunidad y dieron como plazo tres meses que venció este mes, por lo que el domingo acudieron a cumplir con el mandato del pueblo.
Según explicaron en el lugar encontraron armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército, así como una torre de vigilancia, un comedor de lujo, baño, cisterna y fosa séptica, además de las 15 personas, de las cuales seis son provenientes de otros estados.
Señalaron que se notificó a la fiscalía, pero lejos de atender les ha hecho llamadas de amenazas y la apertura de carpeta de investigaciones por daños, despojo y retención ilegal de personas.
Mientras que la Secretaría General de Gobierno solo les ha hecho una llamada, cuando existen todas las condiciones para que conformen una comisión que visite Ocotepec y constante que las personas retenidas se encuentran bien y no se les han violentado sus derechos.
Según explicaron temen que la situación se salga de control a falta de disposición de las autoridades estatales por coadyuvar en la solución de esta problemática, así como se está protegiendo al empresario Erick Monterrosa, a quien se solicitó su presencia para que firme un acuerdo de paz y se liberen las personas.
Dijeron que corresponde a la Fiscalía investigar la procedencia de las armas y qué tipo de actividades ilegales se desarrollan en ese lugar, pues supuestamente creen que existe tráfico de órganos de personas, aunque no lo constataron.
Los integrantes de la Comisión dijeron que temen por sus vidas a raíz de la decisión de defender la propiedad comunal y ejidal de su municipio, por ello, piden la intervención del gobierno del estado.
