De acuerdo a Oaxaqueños contra la Corrupción Juan Carlos Márquez Heine, actual secretario de Salud, incurrió en presuntas irregularidades y acciones de corrupción al contratar empresas fantasmas cuando estuvo encargado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (REPSSEO).

Mediante una serie de documentos, la organización ciudadana da cuenta de que Márquez Heine contrató en el 2019 a la empresa Servicios Integrales de Construcción y Análisis Estructural Morán, S.A DE C.V, bajo el número REPSSEO-CASS-321-2019 y cuyo objeto de contrato era “SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES DE DOS UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN”, por un monto total de $4,201,517.68.

En dicho contrato la empresa señaló como domicilio fiscal el ubicado en calle 10 de Marzo, número 30, colonia Lomas de San Jacinto. El contrato fue firmado por Blanca Estela Bastida Gordon por el Seguro Popular y Erick Azamar Cruz por los SSO.

Lo anterior, pese a que la empresa había sido creada recientemente, el 7 de febrero de 2019, y que en pocos meses ya había tenido tres domicilios fiscales; no obstante, gracias a la adjudicación directa, dicha empresa ganó su primer contrato millonario y lo extraño es que no sería el último.

También reveló en su más reciente investigación y grupos de denuncia ciudadana que en ese mismo año, el Seguro Popular, a cargo ya de Juan Carlos Márquez Heine, contrató a esta empresa a través de adjudicación directa y contrato número REPSSEO-CASS-088-2019, por un monto de $2,464,854.91, con la finalidad de que dicha empresa adquiriera mobiliario, y a pesar de esto, el mismo Seguro Popular, a través del actual secretario de Salud, la volvió a contratar bajo el número REPSSEO-CASS-321-2019, pero ahora con el objetivo del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES DE DOS UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN”, por un monto total de $4,201,517.68.

Pero esto no acaba ahí con las adjudicaciones directas, ya que las empresas utilizadas para los negocios turbios y el presunto desvío de dinero son fantasmas, ya que extrañamente tienen el mismo domicilio fiscal, además que su administradora es una joven de nombre Susana García Ríos, quien estudia en el nivel superior e incluso recibe apoyo del gobierno federal para transporte por parte de la SEP; no obstante, según documentos del Seguro Popular, le otorgaron contratos por más de $21,727,508.77, los cuales nunca la beneficiaron, pero que sí utilizaron sus papeles para constituir una empresa fantasma a su nombre.