Jorge García
En México, sólo el dos por ciento del total de la población se autoreconoce como parte de la comunidad afromexicana, una población que ha sido históricamente invisibilizada y discriminada.
De manera que, un total del 2.5 millones de mexicanos se asumen como parte de este segmento de la población. Hasta el año 2019, en nuestro país se reconoció constitucionalmente a la comunidad afro. Además fue en el año 2020, luego de exigir durante dos décadas, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los consideró para el censo.
En el caso de las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, los partidos políticos están obligados a postular 21 fórmulas de candidatos indígenas, seis de personas con discapacidad, tres de afromexicanos, y dos de la comunidad LGBTTTIQ+.
Previamente, en enero de este año 2021, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió acciones afirmativas que obligaban a los institutos políticos a registrar candidaturas de mujeres indígenas y mujeres afromexicanas en un 35 por ciento.
En el caso de Oaxaca, fue en el año 2013 cuando se le dio el reconocimiento a los pueblos afromexicanos. En 2014 se reconoció su presencia en Guerrero y recientemente en la Ciudad de México; no obstante fue hasta 2019 cuando se logró el reconocimiento constitucional a nivel federal.
A partir de esta reforma, los estados de la república están obligados a generar leyes secundarias para poder diseñar políticas públicas para pueblos y comunidades afromexicanas, lo que representa una tarea pendiente y una constante exigencia de parte de este sector de la población.
