La iniciativa presentada por la diputada Naty Jiménez Vásquez, del grupo parlamentario de Morena, fue aprobada en comisiones unidas de la Cámara de Diputados. La propuesta reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud mental en los centros laborales.
La iniciativa reconoce la urgente necesidad de atender los trastornos mentales, que afectan a 25 millones de personasen México, aproximadamente el 18% de la población, cifra que se incrementó notablemente durante y después de la pandemia por Covid-19.
La diputada subrayó que el estrés laboral representa uno de los principales riesgos para la salud física y emocional de las y los trabajadores, pudiendo derivar incluso en consecuencias fatales si no se atiende de manera oportuna. Se estima que 7 de cada 10 mexicanos padecen los efectos del estrés laboral, sin embargo, 8 de cada 10 empresas no cuentan con estrategias para prevenirlo o mitigarlo.
En ese contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el estrés laboral le cuesta a México entre 5 mil y 40 mil millones de dólares anuales. Entre los principales factores de riesgo psicosocial se encuentran: altas cargas de trabajo, jornadas extensas, falta de conciliación entre la vida laboral y familiar, liderazgo negativo y violencia laboral.
La propuesta legislativa de Naty Jiménez busca establecer como una obligación patronal la implementación de medidas para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, con el propósito de garantizar el bienestar mental y emocional de los trabajadores y trabajadoras.
Las comisiones dictaminadoras, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, respaldaron la iniciativa argumentando que el patrón tiene la obligación de adoptar medidas adecuadas de prevención, incluida una organización del trabajo que no ponga en riesgo la salud ni la vida del personal.
En sus consideraciones, las comisiones destacaron que instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho integral a la salud, que incluye tanto el bienestar físico como el mental. Asimismo, el Convenio 155 de la OIT subraya que la salud mental es parte esencial de las condiciones laborales que deben ser protegidas. También se menciona el TMEC, que exige condiciones aceptables de trabajo en sus países firmantes, incluyendo la salud ocupacional.
Los dictámenes fueron aprobados por mayoría en ambas comisiones:
* Comisión de Trabajo y Previsión Social: 22 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
* Comisión de Seguridad Social: 20 votos a favor y 1 en contra.
Con este paso, la iniciativa avanza hacia su discusión en el pleno, como parte de una agenda que busca colocar la salud mental como un derecho laboral fundamental en México.
