La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 288 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El documento destaca que la nueva norma garantiza el derecho a la educación, reconocido en el Artículo 3o. de la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Su objetivo es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Además, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Menciona que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia.

La ley consta de 181 artículos y sus diferentes capítulos abarcan temas como el derecho a la educación, equidad y la excelencia, la función de la nueva escuela mexicana, los fines y criterios; orientación integral, los planes y programas de estudio; la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, el tipo de educación básica, media superior y superior; el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación; de la educación indígena, humanista, inclusiva y para personas adultas.

Asimismo, contempla al educando como prioridad en el Sistema Educativo Nacional; las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital; el calendario escolar; la revalorización de las maestras y los maestros; el magisterio como agente fundamental en el proceso educativo; el fortalecimiento de la formación docente; los planteles educativos; la mejora continua de la educación; el federalismo educativo; el financiamiento a la educación; la participación de madres y padres de familia o tutores; la validez de estudios y certificación de conocimientos; la educación impartida por particulares, entre otros temas.

Al fundamentar el documento, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), sostuvo que la legitimidad del dictamen, como de los demás, se sustenta en el diálogo permanente, las puertas abiertas, horas de reuniones con los grupos parlamentarios, asociaciones del gremio magisterial, alumnos, padres de familia, asociaciones civiles. “Aquí no hay imposición de ningún tipo, hay democracia”.

Precisó que la nueva ley contiene 181 artículos y 17 transitorios agrupados en 11 títulos y “sin duda se trata de la punta de lanza para la reestructuración del sistema educativo nacional”.

Explicó que los elementos más relevantes de la nueva ley ubican en el centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; reafirma la rectoría de la educación por parte del Estado; establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Resaltó que un punto central es la revalorización del magisterio y la obligación de fortalecer las normales públicas formadoras de docentes y a la Universidad Pedagógica Nacional.

Además, busca que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, el respeto de la naturaleza, a las familias; y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, y el diálogo e intercambio intercultural. Promueve la educación humanista y reconoce la educación indígena para garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades, a través de una consulta previa.

También, dijo, garantiza una instrucción que atienda las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras de aprendizaje, a través de los servicios de educación especial. Contiene temas como planes educativos, centros de aprendizaje y se crean los comités escolares de administración para dignificar a las escuelas.

Resaltó que durante el mes de junio se efectuó la segunda ronda de tres audiencias públicas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores; se conocieron a más de 300 propuestas vía electrónica con diversos temas. En los dictámenes se atienden más de 60 iniciativas de diputados y diputadas de diversos grupos parlamentarios.

En los posicionamientos, el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi, expresó que hoy se tiene la oportunidad de aprobar la reforma social más importante del país y llamó a redefinir el proyecto educativo bajo los principios constitucionales, así como sentar los bases para garantizar un proyecto que trascienda lo coyuntural y sexenal. “Es tiempo de transformar a la enseñanza y promover una cultura de paz, democracia y no discriminación”.

Indicó que el contenido de la Ley General de Educación prevé que tenga carácter universal, que garantice la gratuidad, mantenga su perfil laico, sea obligatoria hasta el nivel superior, democrática, integral, equitativa, inclusiva e intercultural. Además, que responda a los contextos regionalizados. “Es una nueva ley que pone en el centro a las niñas, niños, jóvenes y educandos; la nueva escuela mexicana aspira a que éste sea un centro de aprendizaje comunitario; es una norma de vanguardia”.

Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal indicó que nunca podría votar a favor de leyes que reflejan gran desprecio de la niñez y adolescentes. “Ustedes condenan a la pobreza a millones de niñas y niños en el país que dependen de la escuela pública para poder salir adelante”.

Consideró que esta reforma es un engaño de la mayoría, ya que sólo busca asegurar una base clientelar y “manda al carajo a la niñez mexicana”. En ningún país desarrollado existe el pase automático, la nula evaluación o la entrega de la educación a los sindicatos.

Al fijar su posicionamiento, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo dijo que esta legislación secundaria no vela por los intereses de la niñez y la juventud mexicanas, ni garantiza la calidad que requiere la educación en el país. Informó que su grupo parlamentario “presentará numerosas reservas para frenar el retroceso que se pretenden aprobar”.

Señaló que con estos dictámenes “acordados a puerta cerrada en Palacio Nacional” se aprobará la mayor contrarreforma educativa que secuestra el futuro de niñas, niños y jóvenes; les niega la oportunidad de salir adelante por su preparación y de recibir una educación pública, gratuita y de calidad, para lograr una profesión que les permita vivir con dignidad y honradez. Además, la reforma dice “no a la infraestructura digna, certidumbre laboral, a las reglas claras y transparentes para la carrera de las y los maestros”.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, señaló que desde la revolución de 1910 se instaló el paradigma de la instrucción socialista, educación del pueblo. Desde el 1 de julio del año pasado, el pueblo mandató que se defendieran sus intereses. “Las reformas neoliberales tienen la ruta de privatizar la educación”, advirtió.

El legislador mencionó que en los foros realizados para la consulta de la nueva ley educativa se estableció con claridad que se abordara una lucha a fin de que la Constitución sea garantista y no declarativa. Nosotros reconocemos el movimiento de los maestros porque ellos han garantizado que sobreviva la educación pública del país. “El maestro es la voz de la patria y los formadores de los nuevos mexicanos”, aseguró.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC) señaló que se había trabajado en una mesa donde estaba la representación de todas las fracciones parlamentarias y se tenía un borrador; sin embargo, las propuestas establecidas en los dictámenes fueron otras; es por ello, que el dictamen contradice la reforma constitucional aprobada anteriormente. “Hago la petición de que se analice con mayor tiempo esta ley general tan importante para la nación, ya que estamos hablando de la educación de nuestro país”.

De los dictámenes se eliminaron textos importantes, uno de ellos es que cuando se habla de la educación indígena se elimina un párrafo que decía: contribuirá al conocimiento, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación de enseñanza y objeto de estudio, dijo.

A nombre del PES, el diputado Eudoxio Morales Flores sostuvo que es imperativo que el Estado recupere la rectoría de la educación, porque de esta reforma dependerá la integridad de los estudiantes para desarrollarse en todos los aspectos con mayor grado de conocimiento y erradicar la violencia en las aulas. A los maestros se les da certeza laboral para seguir capacitándose.

“La educación pública no es un gasto, sino una inversión. Nunca más el interés particular sobre los derechos de los estudiantes”. Destacó los mecanismos para que los planteles privados se regulen e impedir actos que lesionen los intereses de los alumnos como la retención de documentación personal o académica por falta de pagos o contar con espacios inadecuados.

Del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo aseguró que se garantiza la equidad y excelencia educativa, además que da atención prioritaria a las poblaciones con desventaja económica y social, a través de políticas incluyentes y sistemas de apoyos, así como el fortalecimiento a la mejora educativa de manera continua y equitativa. “Es un triunfo para las niñas y niños”.

Los planes y programas de estudio serán determinados por la Secretaría de Educación Pública en todo el país para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, además de la educación normal y demás aplicables para la formación de maestros de nivel básico en donde se considera la opinión de entidades federativas, municipios, el Consejo Nacional de Participación Escolar de Educación y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, señaló.

La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) expresó que su grupo parlamentario se arrepiente de haber confiado en que la reforma educativa, recién aprobada, guiaría las voluntades para garantizar en las leyes secundarias el derecho primigenio de niños, niñas y adolescentes a una ley de calidad.

Dijo que con la modificación, la SEP será juez y parte y cuestionó cómo se van a respetar los derechos laborales si le están entregando a los maestros y maestras, a la CNTE.

Durante la discusión, al fijar su postura en contra, la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) sostuvo que lo aprobado deja en manos de diversos actores varios sesgos que infringen el derecho de los aspirantes a participar en el sistema de carrera. Es grave, agregó, la derogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y la desaparición del INIFED. “Por encima de la Constitución no hay pactos ni promesas que valgan, por encima del interés superior de niñas, niños y jóvenes, no debe haber ningún interés gremial”.

La legisladora Claudia Báez Ruiz (PES) confió en la comunidad normalista y apeló a su compromiso, sensibilidad y vocación de servicio porque son un factor de transformación social. “Estamos a favor de las leyes secundarias porque la educación de excelencia se garantiza con la buena preparación de maestros, con la corresponsabilidad de padres y madres de familia, autoridades federales y locales, de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil”.

Por su parte, la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) aseguró que hay evidencias de que los concursos de ingreso lograron mejorar el nivel académico de los maestros y que sus alumnos dieran mejores resultados académicos. La educación debe ser el principal activo y la mayor prioridad para cualquier país, aseveró.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) expresó que con la educación y la salud no debe hacerse negocio. Lamentó que el 25 por ciento de las escuelas están en edificios adaptados; 36 por ciento no cuentan con drenaje; 24 por ciento no tienen agua; 10 por ciento de las escuelas carecen de baños; 8 por ciento no tienen energía eléctrica; 59 por ciento carecen de salidas de emergencia; 58 por ciento de las escuelas no tienen ruta de evacuación, en 54 por ciento de los planteles no hay zonas seguras en caso de sismo.

La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN) indicó que el dictamen no señala la forma en la que se llevarán acabo las actividades de información y de orientación para las familias de los educandos en relación con las prácticas de crianza enmarcados en los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, alimentación nutritiva, actividad física, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnológicas y otros temas. Además, no garantiza presupuesto ni señala autoridad o institución responsable.

En tanto, el diputado Jorge Luis Montes Nieves (Morena) dijo que algunos beneficios del dictamen son que el sistema educativo nacional será innovador, de vanguardia y se ajustará a la realidad actual, a las necesidades regionales y del aprendizaje individual. La escuela, agregó, será un espacio académico y social para el desarrollo humano, fomento científico, pensamiento crítico y la adquisición de valores patrióticos y éticos.

El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, indicó que el acuerdo con la CNTE “es una tragedia para el país”, porque representa la abdicación del Estado ante un poder fáctico y el abandono del principio del interés superior de la niñez establecido en el artículo 4º constitucional. Aseguró que se reviven esquemas y conductas que no se pueden tolerar, como el control y venta de plazas.

Juan Pablo Sánchez Rodríguez, diputado de Morena, resaltó el consenso nacional logrado, especialmente con los principales actores de la educación y los partidos políticos que consideran que ésta es la manera de sacar al país adelante, porque se da carpetazo a la Reforma Educativa que golpeteó al magisterio y criminalizó al docente, además que buscaba la privatización de la educación. “Dejamos atrás la torpeza de minimizar a la maestra y maestro mexicano”.

En contra, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) indicó que el dictamen hace nulo los avances constitucionales, porque el Estado renuncia a su rectoría educativa y “se ha decidido por presiones de un grupo, debilitar la apuesta por una enseñanza de excelencia”. Aseguró que del presupuesto 2019 no se ha ejercido ni la mitad del recurso para las escuelas del país. En Jalisco no se ha utilizado ni el 40 por ciento de la inversión, acotó.

A favor, el legislador José Luis Montalvo Luna, del PT, subrayó que se plantea la nueva escuela mexicana como un modelo que promueve la equidad y excelencia, con el objetivo de generar transformaciones sociales en las aulas, busca impulsar el desarrollo humano para formar el pensamiento crítico, recuperar los valores, fortalecer el tejido social y el respeto a los derechos humanos. Refirió que el Instituto de Infraestructura Educativa desaparece porque se incurría en “moches” constantes y en el manejo discrecional de la construcción de planteles a costos elevados.

En contra, la diputada Sara Rocha Medina (PRI) señaló que las normativas propuestas conllevan diversas inconsistencias y que no existe mandato constitucional para expedir una nueva ley de educación. Asimismo, adujo, no está clara la definición de planteles y programas de estudio, y preocupa el tema de escuelas de tiempo completo.

A favor, la diputada Simey Olvera Bautista (Morena) indicó que el dictamen tiene reformas progresistas, incluyentes e integrales. “La nueva ley de educación plantea que la escuela se convierta en un espacio para la transformación social y el desarrollo de nuestras comunidades, un espacio en donde la voz de las madres y padres de familia sea escuchada”.

Antes de los posicionamientos, se rechazaron las mociones suspensivas de las y los diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), Antonio Ortega Martínez (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC), las cuales planteaban el regreso de los dictámenes a la Comisión de Educación, con el objetivo de otorgarle el valor que tiene la enseñanza de las niñas, niños y adolescentes, además de promover un diálogo amplio y profundo.

Reservas

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 30, 34, 37, 38, 45, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 75, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 122, 131, 132, 146, 147, 149, 151, 152, 170 y la denominación del título segundo del capítulo primero; también suprimir el artículo segundo y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Asimismo, los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno, además de la adición de un transitorio.