Jorge Vega Aguilar
La Fiscalía General del estado de Oaxaca, informó que detuvo a un segundo policía municipal de Santa Lucía del Camino, por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 31 de agosto donde perdió la vida el estudiante Diego Ignacio Paz.
Indicó que de acuerdo con los avances de la investigación, en un punto de revisión de alcoholímetro realizaron disparos de arma de fuego al menos dos policías municipales.
Señaló que se recaban las pruebas para agotar la investigación conforme a los estándares que el caso amerita.
El lunes, el Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz ordenó desaparecer los operativos de alcoholímetros implementados en diversos municipios de la entidad, los cuales, dijo, se han convertido en un modus operandi con una red de extorsión por parte de elementos policiales.
El anuncio lo hizo luego del homicidio de Ignacio Paz, estudiante de Comunicación de la Universidad Anáhuac-Oaxaca perpetrado por policías municipales de esa demarcación.
Jara Cruz, dijo que el Gobierno estatal asumirá la implementación de los alcoholímetros, para evitar que haya más situaciones como la que provocó el fallecimiento del alumno de esa institución.
El Mandatario estatal, en su conferencia de prensa semanal en Palacio de Gobierno, condenó lo ocurrido y manifestó su rechazo absoluto al asesinato de Diego Ignacio Paz, “debido al uso irracional y desproporcionado” de la fuerza por parte de la policía municipal de Santa Lucía del Camino.
Explicó que tras enterarse de lo sucedido, solicitó la detención inmediata y puesta a disposición de la Fiscalía estatal del policía municipal, como presunto responsable de la muerte del estudiante.
Señaló que también pidió al edil de esa localidad, Juan Carlos García Márquez asumiera su responsabilidad en el caso y colabore en la investigación para determinar la incumbencia del o los elementos policiales.
“Santa Lucía del Camino, es un municipio muy importante dentro de la estrategia metropolitana de Oaxaca Segura, sin embargo, su policía municipal es una de las peor evaluadas”, afirmó.
Señaló que esos policías tienen muchas quejas en la Defensoria de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y bastantes denuncias en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Indicó que el alcoholímetro, es un programa que salva vidas, pero no se va a permitir que se utilice para extorsionar a la población, y aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias en ese asunto.
Jara Cruz mencionó que además de Santa Lucía del Camino, también en los municipios conurbanos de San Antonio de la Cal, Ánimas Trujano, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas, y en el de Oaxaca de Juárez, hay policías “terriblemente evaluados”.
“Aunque se enojen, tengo que decir la verdad porque esa situación no ayuda en nada y, aunque el director de Seguridad de Santa Lucía del Camino, Marcos Fredy Hernández López haya renunciado a su cargo, no está exento de responsabilidades, porque “trae mucha cola” y hay que investigarlo agregó.
En tanto, el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, lamentó que el alcoholímetro que buscaba evitar accidentes y pérdida de vidas humanas se haya convertido en un modus de recaudación y extorsión.
“No es posible que se extorsione a la ciudadanía con los alcoholímetros, y lo que era una buena medida la pervirtieron”, señaló el responsable de la política interna en la entidad.
“Por eso añadió, se va a promover que sea sólo la Policía Vial Estatal la que esté a cargo de los alcoholímetros y, señaló que esa estrategia de prevención de accidentes se debe de realizar de manera conjunta con los Servicios de Salud de Oaxaca.
Dijo que solicitó que esta dependencia convoque a una reunión urgente del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, para pedir el retiro inmediato de los equipos de alcoholímetro en municipios que realizan el operativo.
Puntualizó que quienes aplican ese instrumento para determinar el nivel de alcohol en una persona, carecen de capacitación e incumplen con un protocolo establecido.
